Si hay un instrumento financiero que ha estado bajo la lupa de Hacienda son las SICAV. Las sociedades de inversión de capital variable gozan de unos beneficios fiscales envidiable ya que su rendimiento para un 1% de beneficios respecto al 30 por ciento a que tributa cualquier sociedad. En el caso español supone recaudar, en promedio, casi mil millones de euros menos al año. Pedro Pérez Blanes nos cuenta las claves de este fraude encubierto y autorizado por el Gobierno.
Por Pedro Pérez Blanes
Las SICAV son sociedades de inversión de capital variable (SICAV) son Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), como los fondos de inversión, y como estos, tributan al 1% en el impuesto de sociedades por sus beneficios (las empresas normalmente tributan al 30%). Su regulación es diferente, sin embargo. Los inversores que participan en una SICAV son accionistas (compran acciones), mientras que en un fondo de inversión son partícipes (compran participaciones). En la SICAV tienen por lo tanto más capacidad de gestión y decisión. Para constituir una SICAV hace falta un mínimo de 100 participantes y un capital mínimo de 2,4 millones de euros.
Llama poderosamente la atención, que existe un mandato constitucional contenido en el artículo 31.1 de la CE que establece que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.
Esa progresividad del impuesto establecido en la Constitución indica que cada uno contribuirá de acuerdo con su capacidad económica, incluyendo claro está, a los accionistas de una SICAV.
En la práctica, el problema con las SICAV es que aunque son en teoría sociedades de inversión colectiva, a menudo acaban siendo utilizadas por personas con grandes capitales como instrumento de inversión privada, y se desvirtúa su naturaleza. De esos 100 accionistas necesarios, lo que suele acabar ocurriendo en realidad es que uno concentre el 99,99% de las acciones y los otros 99 testaferros (conocidos como mariachis) tengan apenas un 0,01%. De esta forma se aprovechan de las ventajas de las Instituciones de Inversión Colectiva, sobre todo, de la de no tributar hasta que no se rescata la inversión. Además, son ellos quienes gestionan sus inversiones, en lugar de estar en manos de una gestora como ocurre con los fondos de inversión.
Viendo este uso fraudulento de esta forma institucionalizada de inversión colectiva, en la práctica habitual conocida como “Jorge Negrete y sus mariachis”, la Agencia Tributaria abrió unas 200 actas de inspección contra SICAV en 2005, por no cumplir el requisito de tener 100 participantes, y entendía que por esta razón, debían tributar al 30% como el resto de empresas. Entonces el Congreso de los Diputados con la sola oposición entonces de IU, es decir, con el voto a favor de PP, PSOE, PNY y la extinta CIU, decidió que sería la Comisión Nacional del Mercado de Valores quien tendría la competencia de controlarlas, dejando fuera de su control y fiscalización a la Agencia Tributaria como cualquier mortal hijo de vecino. Quedando esas más de 200 actas fuera del control de la Agencia Tributaria y escapando a la obligación tributaria del mandato del artículo 31.1 de la Constitución. A nuestro juicio un pequeño atraco a los intereses públicos, que queda en minucia en comparación con el atraco de la modificación del artículo 135 de la Constitución Española en septiembre de 2011.
Desde entonces el régimen fiscal de las SICAV escapa al control de la Agencia Tributaria, tal y como denuncian entre otros el independiente sindicato de Funcionarios y Tecnicos del Ministerio de Hacienda, cuyo presidente, por cierto, en Entrevista concedida recientemente el 19 de febrero de 2018, calificaba al titular de la cartera de Hacienda, Sr. Montoro, como “el peor ministro de Hacienda de la historia”.
En un contexto histórico de crisis económica enraizada, que ha dejado una amplio colectivo social en situación de exclusión social en más de un 40% de la población en Andalucía (último informe AROPE), unos casi 9 millones de pensionistas con pérdida de poder adquisitivo continuada y mermadas notablemente sus pensiones, este tipo de régimen fiscal insolidario no puede ni debe permanecer por más tiempo en vigor, por lo que entiende este grupo municipal que debe ser suprimido, o al menos, ser fiscalizado por los Inspectores, subinspectores y funcionarios de Hacienda como toda persona física y jurídica que contribuye con sus impuestos al sostenimiento de su país.
Correo de la Tarde 